Archivo de programas del 2023

El 15 de febrero de 2010, el Poder Judicial de Catamarca, en connivencia con el Poder político y las empresas megamineras, ordenó una violenta represión, obedecida y ejercida con saña por un gran número de policías de la provincia, contra las vecinas y los vecinos de Andalgalá, que bloqueaban el paso a las máquinas mineras, en un camino comunero. Hubo disparos de balas y gases, hubo golpes con cachiporras, hubo perros entrenados para el ataque. Hubo lágrimas, gritos, heridas físicas y emocionales. Lo que no hubo fue piedad con las personas mayores, ni con las mujeres ni con las niñas y niños, algunxs de apenas meses de vida.

Desde ese camino comunero, la violencia armada del Estado se trasladó a la plaza principal y alrededores, donde se había congregado un gran número de personas, para exigir la liberación de lxs detenidxs y el respeto por la autodeterminación del pueblo que entonces, como hoy, dice que no quiere megaminería en su territorio.

Pero lejos de conseguir amedrentar al pueblo, con este acto el Poder político-empresarial de Catamarca lo despertó. Las personas salieron masivamente a expresarse en las calles y a demostrar que el miedo más grande es quedarse sin agua. Se habló de estallido social, de pueblada, de revuelta. Lo cierto es que se trató de un legítimo acto de protesta popular que obligó al Poder Judicial a paralizar el entonces denominado proyecto Agua Rica (hoy rebautizado proyecto MARA, de Yamana Gold, Glencore y Newmont) y a dejar sin efecto el escandaloso proyecto Pilciao 16 (ubicado en el casco urbano del pueblo).

A 13 años de aquel día, el pueblo continúa resistiendo al mismo proyecto y la misma dictadura minera, que gobierna en la provincia sin distinguir partido político. A lo largo de estos años, la violencia estatal contra el pueblo no se ha detenido y continúa con espionaje, judicializaciones, violación sistemática de leyes y derechos, persecución de todo tipo, detenciones y más represión.

Pero tampoco el pueblo cede en su reclamo y no cederá. Sábado a sábado camina, sin detenerse, para exigir se respete su derecho humano al agua, a un ambiente sano y a su autodeterminación.

En este programa especial para Después de la Deriva, desde la Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá, Catamarca, ejercitamos la memoria como una forma de resistencia y lucha.

La noticia llega sin muchas precisiones a través de un grupo de whats app de compas de distintas luchas socioambientales: parece que detuvieron a vecinas y vecinos de Exaltación Salud en un acto del Presidente.
Inmediatamente le escribimos a Anabel Pomar, periodista, activista ambiental y compañera que varias veces ha participado de Después de la Deriva.

Ella responde, es cierto y pasa una lista de les detenides que incluye su nombre. Es decir, ella estaba en una comisaría, sin poder irse, trasladada con un patrullero pero le decían que no estaba detenida y mantenía su celular.
A los pocos minutos cae un Habeas Corpus del abogado de los compas pidiendo que se defina su situación. Habeas Corpus, pensamos, como se presentaban en la época de la dictadura para preguntar por las personas detenidas/desaparecidas.

Hace unos meses viajamos a Andalgalá donde se habla claramente de la dictadura minera. Y las asociaciones entre las formas de proceder del Estado frente a las luchas socioambientales serían interminables: detenciones ilegales, aprietes, causas inventadas.
Esta vez le tocó a Exaltación Salud, un colectivo que hace más de 10 años lucha contra los agrotóxicos que envenenan día a día sus suelos, sus aguas, sus cuerpos.
Esta Deriva se nos hizo urgente, pero en realidad las urgencias son cada vez más frecuentes.

Pero esta Deriva también está en lo importante. Y lo importante es que aunque no tenemos una fórmula acerca de cómo salir de este sistema de muerte, sí somos cada vez más y estamos cada vez más conectados quienes queremos habitar un mundo otro donde la vida nos sea posible.